La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que viene a reemplazar al decreto-ley 22.285 de 1980, ya es una realidad. El país ya cuenta con una nueva norma jurídica en materia de radiodifusión que regula la televesión abierta, por cable y las radios. Un tema por demás sensible ya que aborda la problemática de la comunicación y, por ende, las cuestiones de la libertad de expresión y la de prensa.

La presentación de esta ley significó un giro en el marco de la política oficialista sobre la materia. Si bien los discursos de la Presidenta estuvieron marcados por una fuerte retórica contra la concentración mediática, esto no fue una constante del primer gobierno de Néstor Kirchner.
Como ejemplo cabe resaltar el decreto 527 del 2005, que garantizaba la continuidad del mapa de medios por diez años más y la aprobación de la fusión Multicanal-Cablevisión en el 2007, que le permite al Grupo Clarín administrar más de la mitad de la prestación de TV por cable en el país.

Días antes de la votación en el Senado, Mariana Baranchuk, docente de la UBA y asesora en el COMFER, expuso los principales cambios de la nueva legislación en la escuela de periodismo TEA, junto con Gustavo Granero, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).

La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual basa gran parte de su contenido en 21 puntos presentados por la Coalición por una radiodifusión democrática que trabaja en la materia desde el 2004.

El proyecto oficial se terminó de redactar en el 2008 y lo presentó Cristina Kirchner el primero de marzo del 2009 en el Teatro Argentino. Desde ahí pasó por foros regionales, en donde se produjeron “más de 100 modificaciones”, según Baranchuk.

Durante estos 29 años la ley creada en la dictadura "más que modificada fue empeorada porque se mantuvo su espíritu dictatorial”, afirmó la docente universitaria.

Baranchuk explicó que la nueva legislación tiene como ejes la pluralidad y el federalismo, ya que con la ley 22.285 los estados provinciales y municipales solo podían estar donde el sector privados no llegaba, lo que implica la visión de un carácter únicamente subsidiario del Estado. Además, aquella ley "planteaba la radiodifusión en términos comerciales". Esto se revierte con la aparición del sector privado sin fines de lucro (que incluye a las cooperativas de servicio público) que tendrá una participación del 33 por ciento de todas las frecuencias.

Otro rasgo fundamental de la nueva ley es la promoción y regulación de las producciones de contenidos a nivel local y provincial, estableciendo mínimos altos que deberían generar nuevos puestos de trabajo en el sector. “El objetivo de la ley es romper los monopolios de medios y abrir la pluralidad de opiniones que actualmente no existe y ampliar la cantidad de puestos de trabajo para los periodistas”, aseguró Granero.

El secretario general de FATPREN se mostró preocupado por el rol actual de los medios frente a las manifestaciones laborales: “Creo en otro periodismo con una ideología más sana donde los problemas de los trabajadores no sean un problema de tránsito”. Además calificó de "hipócritas" las versiones que "hablan de que ahora se van a romper puestos de trabajo, porque ya los destruyeron con esta versióin neoliberal”. Como ejemplo citó la nueva figura de "videoredactor" que hace a las veces de cronista, editor, fotógrafo y productor.

Concentración del espacio de la radiodifusión.



“Los monopolios destruyeron puestos de trabajo y eliminaron la diversidad de voces", acusó Granero en la conferencia. Como ejemplo describió una situación que se da en el Grupo Clarín, donde una sola persona escribe una nota que es publicada en el diario, en el medio digital, televisada en TN y Canal 13 y emitida por Radio Mitre. A esta situación se le suma la mencionada fusión entre Cablevisión y Multicanal que provocó la desaparición de "más de 200 noticieros a lo largo del país".